Foto Kerstin Carlsson
Según el reportero de Dagens Nyheter, Stefan Lisinski (10-06-2016), ayer, día 10 de junio, el estado sueco fue condenado a pagar 30.000 coronas a cada una de las once personas denunciantes que se considera perjudicadas al constar sus nombres y otras circunstancias en un registro informático en poder de la policía sueca en Escania, confeccionado en base a criterios étnicos y discriminatorios. El archivo contenía unos 5.000 nombres de personas de condición diversa (incluyendo inexplicablemente, hasta niños de tres años) todas ellas de etnia gitana, sin que en muchos casos no hubieren cometido delito alguno.
En la sentencia condenatoria, la jueza Lena Egelin desvalora sin concesiones la existencia de dicho archivo policial, no únicamente en base a criterios de legalidad, sino de ética elemental, considerándola como “imperdonable.” Ahora, queda la puerta abierta a que otras personas que constan en el referido archivo presenten nuevas demandas ante los tribunales a fin de obtener las correspondientes indemnizaciones, también en concepto de perjudicadas.
En fecha de 23/09/2013, el periodista, Niklas Orrenius destapó este escándalo publicando un extenso artículo precisamente en el mencionado rotativo. Desde entonces Dagens Nyheter ha realizado un pormenorizado seguimiento del caso que incluye más de cien artículos.
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